Los legisladores iniciarán su análisis con los datos sobre capturas y casos judicializados que les proporcionen las instituciones involucradas en la investigación y persecución del delito, así como en la administración de justicia, anunciaron. En el caso de la PNC, los diputados buscan determinar en cuántos casos las capturas se hacen bajo órdenes administrativas de fiscales o jueces, en flagrancia o si no existen pruebas suficientes para hacer un arresto.
“Hay que ver cómo llegan esos casos de la PNC a la FGR. Porque una cosa es capturar por flagrancia u orden administrativa, y otra cosa es capturar y punto. Por ejemplo, puede ser que digan: vamos a capturar a 100 hoy, porque hoy va a venir la prensa. Y los capturan, pero cuando se pregunta por las pruebas, no hay. Tenemos que ver por qué no se judicializan”, dijo a LA PRENSA GRÁFICA el diputado Ernesto Angulo, de la comisión de seguridad por el partido ARENA.
La Policía presentó en días pasados sus estadísticas de 2012. Sobre las detenciones del año pasado, la PNC informó de 52,888 personas detenidas. Detalló que de ese total, 17,764 (33.3%) fueron detenciones por delitos graves. Sin embargo, al desglosar el tipo de detenciones se encuentran discordancias: 5,414 detenciones fueron con orden de la FGR, 3,192 con orden de un juez y 38,285 fueron en flagrancia. Al sumar los tipos de detenciones se obtiene 46,991 y no los 52,888 arrestos que informó la PNC.
Los diputados señalaron que “es un hecho” que ese número de detenciones “no va a parar a los juzgados” y en algunas ocasiones incluso la Fiscalía desestima hacer acusaciones porque no existen pruebas ni investigación policial.
“De nada nos sirve que (la PNC) nos diga que se capturó a 50,000 si solo se judicializó a 5,000. Y que lo demás fue propaganda”, dijo el diputado del PCN Antonio Almendáriz, presidente de la comisión de seguridad del congreso (lea la entrevista aparte).
Los casos en la Fiscalía
Los diputados de seguridad acordaron el martes pasado hacer una visita al fiscal general de la República, Luis Martínez, para iniciar su indagación sobre los vacíos tanto en la FGR como en juzgados.
El diputado del FMLN Benito Lara, miembro de la comisión, aseguró: “No hay duda de que un lugar que ha sido difícil (para trabajar en el combate al crimen) es la Fiscalía”. “Esto requiere de depuración. Hay que investigar cada caso. Puede ser que haya casos mal sustentados por la Fiscalía, y entonces los jueces no pueden condenar a nadie si no se tienen las suficientes pruebas”, dijo Lara.
La fiscal adjunta, Paula Velásquez, aseguró a LA PRENSA GRÁFICA que se procurará colaborar con la Asamblea Legislativa con el fin de mejorar el sistema judicial. Los parlamentarios adelantaron que uno de los cuestionamientos para la FGR es cuántos casos de los que van a los juzgados terminan en absolución a favor de los reos y por qué la Fiscalía pierde esos casos en los tribunales.
Para el diputado Guillermo Gallegos, quien está en la comisión de seguridad en representación de GANA, una buena decisión que tomó el fiscal general fue nombrar a una jueza (Paula Velásquez) como fiscal adjunta, ya que ella puede aportar con su conocimiento qué es lo que necesitan los jueces de la Fiscalía para proceder a condenar a personas acusadas de delitos.
Sin embargo, Gallegos hizo énfasis en que hay casos en que los jueces absuelven a reos a pesar de que la FGR asegura que tiene casos con pruebas contundentes. “Hay ciertas actuaciones de jueces que despiertan sospechas. A veces la razón la tiene el juez, pero en otros casos hay otras motivaciones para liberar a acusados. Yo creo que la CSJ debe intervenir con su Sección de Investigación Judicial en estos casos, para ver si algún juez actúa al margen de la ley, para poder aplicarle el rigor de la misma. La Corte no puede hacer oídos sordos en algunos casos”, dijo Gallegos.
En opinión del diputado arenero Ernesto Angulo, las malas prácticas que se dan en algunos tribunales del país deben terminar: “Hay buenos jueces, pero hay otros que son unos pícaros, y aquí debe investigarse”.
Una responsabilidad compartida
El actuar de las instituciones encargadas de velar
por la seguridad pública, así como aquellas que administran la justicia,
está entrelazado. Según los diputados, los casos no progresan por las
siguientes razones.
Policía Nacional Civil
1.Proceder a hacer capturas cuando no existen pruebas incriminatorias.
2. Malos procedimientos en la aplicación de la ley que benefician a acusados.
3. Abuso de la fuerza policial, que luego beneficia a la defensa de un reo.
Fiscalía General
1. Casos en que no se tienen suficientes elementos de prueba para acusar.
2. Inexperiencia de los fiscales ante abogados defensores mejor preparados.
3. Posible corrupción al preparar casos que no tendrán éxito en tribunales.
Corte Suprema
1. Garantismo extremo para procurar derechos de los acusados.
2. Independencia judicial demasiado abierta de los jueces para ejercer.
3. Corrupción de jueces que absuelven en casos con suficientes pruebas.
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